Derecho Real de Conservación, la nueva ley que protege patrimonios intangibles ambientales y socioculturales
En 2008 se ingresó al Parlamenteo la Ley Nº20.903, la cual establece el Derecho Real de Conservación, en un novedoso e histórico instrumento para contribuir a la protección y el resguardo del patrimonio de Chile en manos de privados. Aunque la conservación del medio ambiente no es lo único a lo que se puede aplicar la ley, sino también a un ámbito urbano, como algunos barrios patrimoniales en su totalidad, áreas verdes, parques de entretención o piezas arquitectónicas.
Jaime Ubilla, director fundador de una de las ONG que impulsó la ley, el Centro de Derecho de Conservación, manifestó que la iniciativa se orienta a facilitar la conservación de toda la gama de hábitats naturales o de intangibles ambientales que existan, además de los servicios ecosistémicos, como el valor paisajístico, la polinización, la provisión de agua, la información biogenética, la mantención de usos tradiciones e incluso los valores socioculturales asociados al ambiente natural creado por el ser humano.
El Centro de Derecho de Conservación reúne a los primeros académicos del país dedicados desde 1994 a la investigación de estructuras legales de conservación de biodiversidad, teniendo sus principales actividades relacionadas con los marcos regulatorios para la conservación de biodiversidad, particularmente desde el derecho privado.
Frente a ese escenario, los investigadores del Centro en el 2003 propusieron la creación de una nueva institución, que hoy conocemos como el Derecho Real de Conservación, la nueva forma legal que se concibió como un mecanismo para apoyar y promover tanto la conversación privada como la pública en sus en sus conexiones con la sociedad.
La idea era crear una nueva estructura en la forma de un ‘derecho real activo’, en contraposición a los tradicionales derechos reales pasivos, lo que sería logrado a través de una nueva facultad, denominada la “facultad de conservar”, la cual se sumaría a lo tradicional de uso, goce y disposición de un espacio protegido.
Los principios ofrecidos por el organismo fueron adoptados por la Comisión de Constitución del Senado de Chile por medio de los ajustes al proyecto de ley del derecho real de conservación durante su tramitación entre el 2014 y el 2016, publicando el 28 de junio de este año la nueva Ley Nº20.930, relativa al Derecho Real de Conservación, la cual incluye y sigue los principios recién mencionados.
Finalmente, dentro de los objetivos de la ONG, se encuentra el promover el correcto entendimiento de la institución y evitar que distintas implementaciones contradigan las bases teóricas y prácticas de la institución, además de la diferenciación de otras organizaciones de derecho comparado de distinta naturaleza.
Fuente: El Ciudadano
Ley Nº20.930. El Derecho Real de Conservación
La “Facultad de Conservar”: Un Nuevo Paradigma
Chile, 28 de Junio 2016
Junio de 2016 será recordado como un mes excepcional para la historia no sólo de la legislación de conservación sino también para el derecho civil.
Con la creación del derecho real de conservación, Chile toma liderazgo al establecer una nueva forma de derecho real, un derecho real de carácter activo que se define en torno a la “facultad de conservar”. El establecimiento de esta facultad implica su reconocimiento separado de las facultades clásicas de uso, goce y disposición. Esta facultad puede establecerse no solo sobre un inmueble o parte de él, sino que además sobre los atributos o funciones del patrimonio ambiental de dicho inmueble.
Durante la discusión parlamentaria, particularmente en las comisiones de constitución y medio ambiente del Senado presididas respectivamente por los Senadores Alfonso de Urresti y Antonio Horvath, se hizo posible trascender la figura de las servidumbres de conservación utilizadas en otras jurisdicciones, estableciendo este nuevo derecho real activo que facilita el reconocimiento de la ´nueva riqueza´ que deriva de los ecosistemas y del patrimonio ambiental en general. Variadas consideraciones teóricas analizadas y contribuidas por el Centro de Derecho de Conservación condujeron a la conclusión de que solo adicionando esta nueva ´facultad de conservar´ sería posible facilitar la inclusión de nuevas valoraciones respecto de tangibles e intangibles ambientales, urbanos o rurales.
En este sentido este derecho es una innovación transformadora del Derecho Civil ya que no solamente agrega o delinea una nueva facultad dentro de los derechos reales sino que por su diseño institucional hace más probable la cooperación entre los distintos grupos de interés que pueden concurrir en un mismo espacio para conservar distintos atributos o funciones del medio ambiente. En otras palabras, esto es lo que se puede denominar un derecho reflexivo que hace posible que distintas observaciones sociales concurran en el espacio social y en la relación con los bienes. En esto, como lo observó el Centro de Derecho de Conservación, estaba también en juego un elemento clave para el futuro de la gestión del medio ambiente: el desarrollo de nuevo conocimiento.
No podemos dejar de observar que una innovación de este tipo no ha ocurrido desde tiempos del Derecho Romano y hoy se ha hecho más que necesaria, dado el nuevo conocimiento disponible y dadas las necesidades contemporáneas en materia de conservación del patrimonio ambiental.
En concreto, este nuevo derecho real se orienta a facilitar la conservación en el largo plazo—de la más variada gama de hábitats naturales o de “intangibles” ambientales o servicios ecosistémicos, tales como provisión de agua, valor paisajístico, polinización, información biogenética, recreación, mantención de usos tradicionales, mitigación de efectos negativos de catástrofes, como también de prácticas o valores socio-culturales asociadas al medio natural o al medio creado por el hombre.
La creación de este derecho es acordada libremente por las partes pero una vez constituido, los efectos se mantendrán incluso a perpetuidad si así es acordado, con independencia de los cambios en el dominio de la propiedad en la cual se establece.
De ser utilizado correctamente, este derecho puede hacer posible el establecimiento de diferentes derechos de conservación sobre un mismo inmueble, respecto de distintos atributos, servicios ecosistémicos, procesos o componentes naturales lo cual además de generar los procesos sociales antes mencionados proveerá también una fuente variada de financiamiento a los propietarios y a la conservación.
Cabe agregar que esta herramienta también podría aplicarse a la agricultura, a la actividad forestal y a la acuicultura, pues podrá usarse, por ejemplo, para la conservación de ciertos parámetros de suelo o de agua, entre otros. Adicionalmente también podría aplicarse en terrenos urbanos para el establecimiento de áreas verdes, áreas de recreación, huertos urbanos u otros espacios, al no necesitarse ni expropiar o comprar la totalidad del derecho de propiedad sobre los correspondientes inmuebles. En tal sentido, este nuevo derecho real empodera a las personas y a las comunidades para participar y desarrollar prácticas sustentables a todo nivel, inclusive en su vida comunitaria o de vecindad.
Todo lo anterior también indica que este nuevo derecho real también servirá para contribuir a la consecución de los objetivos de la Convención de Biodiversidad, lo cual es claro al revisar los distintos ´objetivos de Aichi´ –los denominados Aichi Targets-. En este contexto, es clave mencionar que este nuevo derecho real facilitará el cumplimiento de los Targets 19 y 20 de Aichi, pues el surgimiento de nuevo conocimiento será esencial no solo para generar mejores prácticas, delinear nuevos bienes eco-sistémicos, sino también para que nuestras prácticas sociales tengan al menos una oportunidad de prevenir escenarios catastróficos relativos a la gestión de la biodiversidad y el clima.
Esta nueva ley ha sido fruto de una combinación de múltiples esfuerzos de numerosos parlamentarios y sus asesores, académicos, profesionales de conservación, gestores de iniciativas privadas de conservación. Por nuestra parte, en base a nuestra cooperación con el Centro de Derecho de Conservación, nos produce una profunda satisfacción haber aportado con investigaciones seminales que han propuesto este nuevo diseño jurídico institucional y que le han dado sustento teórico, todo lo cual nos han permitido acompañar el proceso desde sus inicios y a través de sus complejos ajustes conceptuales.
Creemos importante decir que estos esfuerzos se han fundado en el entendimiento y convicción de que hoy más que nunca es esencial creer en la posibilidad de mejorar nuestros arreglos jurídico-institucionales para adaptarnos a la complejidad creciente de la sociedad contemporánea. En otras palabras, creemos que el desarrollo de instituciones adecuadas es indispensable para aumentar las probabilidades del surgimiento de dinámicas sociales que sean más armoniosas y conducentes a la sustentabilidad de la vida en el planeta.