La creación del Derecho Real de Conservación, el futuro Servicio de Biodiversidad y las características de nuestro país como un hotspot de naturaleza, abren el interés por los “biobancos”, entidades que invierten en beneficio de zonas degradadas y venden los activos a empresas, para que éstas los usen en sus compensaciones medioambientales.

Chile tiene casi 15 millones de hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto, sin contar el aporte de privados en grandes predios y parques que se estiman cercanos al 10% del territorio. Todo esto, sumado a una serie de factores que lo han transformado en un importante símbolo medioambiental a nivel mundial, como su ubicación geográfica y bosques casi sin intervenir, podría representar una oportunidad para los denominados “bancos de compensación ambiental” o “bancos de hábitat”. Pero en Chile no hay aún ninguno operando. Es más, recién a principios de 2017 se instaló el primero en América Latina (Colombia).

También denominados “biobancos”, son instrumentos de conservación que llevan varios años funcionando en países como Estados Unidos, Alemania y Australia, pero se espera que tomen impulso luego del Acuerdo de París y el compromiso de las economías por reducir los gases efecto invernadero (GEI).

Si bien difieren en algunas características por país, en términos generales se trata de una figura que mejora y crea valor medioambiental en zonas degradadas o en vías de empeoramiento, para mejorarlas. El valor generado se comercializa a las compañías y organizaciones que necesitan compensar los impactos negativos que producen durante sus procesos productivos.

Mediante la compra de créditos ambientales, las compañías cumplen sus metas de compensación y el biobanco realiza todo el trabajo en lugares que ya están analizados y certificados. En otras palabras, la compañía externaliza las compensaciones, la entidad financiera recibe sus ganancias y las áreas medioambientalmente complicadas se mejoran. Por lo general, estos bancos invierten en predios privados.

Lento despegue

Chile posee una serie de características que podrían hacerlo muy atractivo para estos bancos. Por ejemplo, tiene uno de los niveles más altos de endemismo de flora en América Latina: más de 5.000 especies de plantas vasculares son locales. Además, un 45% de las especies de insectos coleópteros, el 78% de los anfibios y 59% de reptiles de la región están en nuestro territorio. Por otro lado, las regiones de Aysén y Magallanes tienen una gran cantidad de áreas protegidas (ver gráfico) y -mirando el vaso medio lleno- los gigantescos incendios ocurridos este verano, podrían significar una oportunidad de inversión para los bancos de hábitat y para compañías de todo el mundo que necesitan compensar.

En el Ministerio del Medio Ambiente admiten que los bancos de compensación están contemplados como un instrumento económico en el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad. “Esto es muy novedoso, porque hasta ahora no hay un reconocimiento dentro de la institucionalidad ambiental ni una estructura que soporte el establecimiento de este tipo de entidades”, comenta Alejandra Figueroa, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del ministerio.

Además, la funcionaria aclara que por esto en Chile esos bancos aún no tienen un apellido como en Europa o EEUU (De hábitat, de humedales, etc.). “Creemos que esto se consolidará en el proyecto. Eso sí, es importante entender que el futuro servicio de Biodiversidad será quien reconozca a estos bancos, quienes tendrán créditos y podrán hacer ofertas a titulares que quieran hacer compensaciones para resguardar ecosistemas. Por eso, no cualquiera puede ser un banco”, asegura Figueroa.

Según Maryann Ramírez, directora de The Nature Conservancy para la región Andes Sur, el interés por este tema está creciendo en Chile. “Hay mucha inversión que viene por compensaciones a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Qué mejor para una compañía que hace un proyecto de inversión que tener una cartera de proyectos identificados y claros con anterioridad. El problema es que aún falta identificar bien qué zonas son interesantes para realizar estas compensaciones”, comenta Ramírez.

Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario del Medio Ambiente y vicedecano de Derecho UC explica que con los bancos, las empresas tendrán una suerte de listado de posibilidades de compensar que pueden elegir y utilizar para cumplir con los permisos medioambientales. “La ventaja de estos bancos, es que finalmente generan menos costos de transacción para llegar a la compensación”, añade.

Los inicios de un mercado

El ingeniero civil ambiental UC Pablo Barañao, quien trabajó en Arauco y Colbún, fundó en 2016 la organización sin fines de lucro La Ruta Natural, entidad que está armando una línea de acción para crear el primer banco de compensación en Chile. Según Barañao, los biobancos están en las conversaciones de los especialistas hace por lo menos una década, pero “increíblemente” -dice -, no han llegado a nuestro país. “Aún hay ciertas trabas jurídicas, pero además, históricamente al SEA ha tenido mucho control en toda las aristas medioambientales de los proyectos de inversión. Pero hemos visto como el (Servicio de Evaluación Ambiental) SEA y el Ministerio del Medio Ambiente en general, ha ido soltando un poco más su accionar, para dar paso a la creación de bancos de compensación”, asegura.

En junio de 2016 ocurrió una buena noticia para las compensaciones ambientales, con la promulgación de la ley que creó el Derecho Real de Conservación (Ley 20.930), el cual facilita la asignación de recursos a aquellos proyectos, componentes o servicios ecosistémicos que provean mayor capital natural. Se trata de una herramienta que incentiva y permite formalizar iniciativas de conservación privada, complementando así el rol del Estado en la protección del patrimonio natural. Es decir, un escenario propicio para la creación de bancos de compensación en Chile.

Para Jaime Ubilla, abogado socio del estudio Ubilla y Cía. y director del Centro de Derecho de Conservación, esta normativa permitirá el surgimiento de diversos “activos ambientales” (capital natural) que podrán ser destinados a compensar impactos de proyectos sometidos al SEIA. “Esto permitiría generar de mejor forma los bancos de compensación, los que reducirán adicionalmente los costes de transacción tanto por facilitar el encuentro entre las partes relevantes, como por generar transparencia a través de la estandarización de las prácticas”, plantea.

“Será muy importante entender, por un lado, cómo deben estructurarse legalmente estos activos y, por otro, cómo deben regularse los acuerdos relativos a las medidas de compensación”, apunta Ubilla.

Ricardo Irarrázabal tiene una opinión similar. “El Derecho Real de Conservación da la posibilidad de establecer a un precio menor la compra de un derecho sobre un predio, el que se puede mantener por mucho tiempo (si es que se establece así en el contrato). Esto ayuda mucho a la compensación, ya que, por ejemplo, si una mina produce un impacto ambiental, de seguro éste podría durar mucho tiempo”, dice el académico.

Otra institucionalidad ambiental podría abrir aún más el apetito por la creación de los biobancos: el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que hoy está en trámite legislativo. El proyecto define expresamente a la conservación como un instrumento de gestión ambiental y regula de mejor forma los predios privados.

Fuente: Diario Pulso